La pandemia agudizó aún más la difícil situación que atravesaba el upstream (sector que explora y produce hidrocarburos) en el Perú. En efecto, de enero a julio el precio del barril petróleo cayó alrededor de 29%, de US$ 57.5 a US$ 40.7, y la Agencia Internacional de la Energía estima que cerrará el 2020, alrededor de los US$ 40.
Ello hace inviable el desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en Perú, dado que el breakeven price (precio de equilibrio) promedio del barril de petróleo está por encima de los US $30, y si a ello le sumamos las regalías que deben pagarse, llegamos aproximadamente a los US $ 39.
Cuando se inició la emergencia nacional teníamos 9 contratos en fuerza mayor, ahora, de los 39 contratos vigentes 24 se encuentran en fuerza mayor debido, principalmente, al COVID-19. Además, de los 26 contratos vigentes en fase de producción, más de la tercera parte están próximos a vencer, lo que implica que en el corto plazo deben suscribirse nuevos contratos, vía negociación directa o licitación pública.
El gran desafío del gobierno es emitir medidas que permitan retener las actuales inversiones y lograr la viabilidad de las mismas, y además atraer nuevas inversiones y desarrollar más campos. Ello no será posible si no se dan las siguientes medidas:
• Medidas de alivio financiero: debe permitirse a los contratistas postergar el pago de las regalías de setiembre a diciembre 2020, y programar su pago fraccionado a partir de enero de 2021.
• Medidas de promoción de la inversión: debe emitirse el nuevo Reglamento de Regalías y Retribuciones que permita calcular las misma en base al precio del commodity, a la producción, a las facilidades de acceso al lote, a su ubicación, a la calidad del hidrocarburo, y a los mayores riesgos que se pueda asumir en yacimientos más complejos.
También, se debe modificar la Política de Contratación Petrolera para permitir, vía de negociación directa, que las empresas que actualmente operan los lotes cuyos contratos están próximos a vencer, puedan suscribir nuevos contratos a cambio de nuevos compromisos de inversión.
• Medidas para lograr la paz social: Se debe implementar un plan concertado de desarrollo integral de las provincias productoras, con mecanismos que prioricen el reducir las brechas sociales, con la celeridad que el caso requiere. Para ello se podría dar una regulación específica que disponga que los recursos generados por la industria, canon y sobrecanon, se destinen a proyectos para el cierre de brechas.
• Eliminar trabas para la inversión: continuar con la simplificación administrativa de los procedimientos del sector Hidrocarburos.
Es fundamental que estas medidas se adopten a la brevedad, ¡aún estamos a tiempo!